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EL MINISTERIO DE SALUD Y OTROS DEMONIOS

EL MINISTERIO DE SALUD Y OTROS DEMONIOS

Por: Carolina Corcho

MD Psiquiatra

El año 2013 finalizó con un indiscutible triunfo del Movimiento que lideraron distintas organizaciones del sector salud que hoy convergen en la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, que logra detener el voto a pupitrazo del proyecto de reforma a la salud de ley ordinaria que el Gobierno había logrado aprobar en plenaria de Senado en un circense acto precedido por un decreto presidencial que aumentaba los honorarios a los legisladores. Por ese mismo ferrocarril aspiraba el Gobierno transitar en el debate por Comisión Séptima de Cámara y Plenaria con un saldo al final de año de dos ponencias negativas radicadas por seis fuerzas políticas distintas, algunas de ellas cercanas al propio Gobierno.

La desesperada respuesta del Gobierno de salir en el mes de diciembre con publicidad televisiva anunciando una reforma que sólo contaba con dos ponencias negativas en el Congreso, fue la confirmación de la desestructuración legislativa que sufrió al Ministro al no haber logrado poner de acuerdo a la bancada del gobierno, ni si quiera en la radicación de una ponencia.

Lo que se evidenció es la oposición de la totalidad del sector salud a la propuesta gubernamental porque hasta el sector hospitalario privado que en algún momento auxilió al Ministro expresando en medios el desacuerdo con el hundimiento de la reforma, han expresado su oposición en puntos fundamentales del confuso anti técnico y mermeladoso texto que aprobó el Senado, que en el fondo contiene el núcleo esencial de la ley 100: la intermediación financiera.

Pero, en ese desasosegado diciembre en el Ministerio de Salud, el Gobierno lanza mensajes de júbilo y titulares de prensa que envían el falso mensaje de que por decreto se están tomando las grandes y novedosas medidas de fondo que van a salvar al sector. Una de ellas es la regulación de 300 medicamentos, lo que no enuncia es el denominador de los 15 mil moléculas existentes. Anuncian el ingreso de 70 nuevas tecnologías en la actualización del POS, lo que omiten es que en la ley estatutaria que aprobaron el primer semestre y está en control de la Corte Constitucional limitan la tutela que la Defensoría del Pueblo ha demostrado se aplica sobre procedimientos POS que las EPS niegan de manera sistemática.

Anuncian el acto heroico de vigilancia y control del Ministerio y la Superintendencia en donde descubren que más de la mitad de las EPS no cumplen con los patrimonios exigidos por la ley, omiten que esto lo hemos venido denunciando desde hace varios años, y que de hecho, desde la creación de la ley 100 se ha denunciado que de por sí la figura de la EPS como aseguradora privada e intermediadora financiera fácticamente posibilita la desviación de recursos públicos de la salud con fines distintos a su destinación específica y esto deriva en la negación de servicios. Debo anotar que en la actual reforma quieren legalizar esto que hoy es ilegal, y lo quieren hacer en contra del ordenamiento constitucional del país, pero sobretodo en contra de miles de colombianos que en este momento están muriendo porque esos recursos no están financiando sus tratamientos para el cáncer u otras enfermedades, sino apalancando negocios financieros de particulares.

Salen a decir que autorizaron la compra de cartera para solventar la deuda de casi 7 billones de pesos que las EPS tienen con la red hospitalaria, lo que omiten es que en el caso del Hospital Universitario del Valle, que tiene un déficit aproximado de 220 mil millones de pesos que si fueran pagados quedaría con superávit, le van a comprar la cartera sólo por casi 18 mil millones. Recuérdese que hace algunos años cuando el sector bancario quebró, el gobierno desesperado implementó medidas rápidas de salvamento y nos hicieron pagar a los colombianos el 4 por mil. Los hospitales perecen hace años y los gobiernos voltean a mirar para otro lado porque para la salud no hay plata.

Sin embargo, la intencionalidad del Gobierno de apalancar el negocio de las aseguradoras privadas de la enfermedad con recursos de los colombianos es tan claro que al Ministro de cuando en vez se le chispotea, y explícitamente anuncia en una presentación que realiza a Fedesarrollo que el objetivo de su reforma es disminuir el gasto en salud de la clase media, es decir, que este sector asuma de su bolsillo los tratamientos, anuncio que es coherente con el articulo 20 y 21 del texto de reforma que salió de Senado en donde todo apunta a reeditar la escandalosa emergencia social de Uribe que terminó retirando luego de una multitudinaria movilización social.

En otra salida, el Gobierno a través de la Superintendencia de Salud, que entre otras cosas, se dedicó a ejercer funciones de contraloría y no de garantizar la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, anuncia que va a levantar la intervención que había hecho en Saludcoop desde el 2011, por considerarla una “víctima” de una o dos personas que saquearon los 1,4 billones que encontró la Contraloría General de la Nación, la propuesta es devolvérsela a las mismas cooperativas y accionistas que estaban allí cuando se desvió este billonario recurso a lo que la Contralora respondió “es una burla al país”. Omiten que la privatización de recursos públicos de la salud que contiene la reforma y el pago de tres UPC a las gestoras que proponen, podría terminar exonerando a Palacino y a los que han saqueado y quieren seguir saqueando recursos de la salud de las sanciones penales y fiscales de las que hoy son acreedoras.

Finalmente, para que no digan que sólo criticamos, debo indicar que la regulación de medicamentos es la dirección correcta, el control fiscal de las EPS también que siempre nos gustara como médicos y pacientes que se amplíe el POS, pero que esto dista siglos y kilómetros de las medidas de fondo que se requieren para resolver los problemas de la salud en Colombia, y lo que sí parece es una cortina de humo y un hábil acto de efectismo político para revertir una opinión pública que está mirando con ojos de sospecha la reelección del presidente Santos, su muy dudosa política social y la desacertada labor que ha desempeñado el ministro Gaviria que no colmó las expectativas que como académico y periodista había suscitado, en un país en donde existen muchas personas con la claridad técnica y política para enfrentar un problema que hemos estudiado y sobre el cual existen propuestas alternativas serias y sustentadas.

Continuaremos en la lucha este año. Encontrarán en nosotros oposición, si siguen por el mismo camino de la reforma, sin embargo, muchos estaríamos dispuestos a acompañar un titular de prensa de una acción efectiva: el salvamento del Hospital Universitario del Valle como Institución estatal, de altísima rentabilidad social y científica para el país y América Latina, no tercerizada, esto le cuesta al Estado colombiano 220 mil millones de pesos, una cifra irrisoria comparada con el billonario desfalco de las EPS que el Gobierno hoy quiere rescatar. ¿Se le apuntan señores Ministro de Salud y Hacienda a salvar este hospital, así no lleguemos a ningún acuerdo en la concepción que ustedes tienen de la Reforma y la ley 100?

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