Periódico Proclama

icono-facebook  icono-twetter

EL FANTASMA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD EN LA BOGOTÁ DEL 2019

EL FANTASMA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD EN LA BOGOTÁ DEL 2019

Realizando una mirada retrospectiva de la participación de las personas con discapacidad en la formulación de la Política Pública Distrital de Discapacidad PPDD, en un ejercicio social en el año 2006, luego de algunos desarrollos generados por las personas con discapacidad a nivel Nacional, principalmente en la formulación participativa de algunas leyes y reglamentación de las mismas, tales como la Ley 115 de 1994 General de Educación   y su Decreto reglamentario 2082 de 1996, que desarrolla el apartado relacionado con el tema de discapacidad, el primero que recuerdo fue diseñado con la participación directa e incidente de las personas con discapacidad y cuidadoras (es), ya fueran estos en representación de la sociedad civil o como servidores públicos, que no significó que se diera la lucha en la formulación y reglamentación de la Ley 100 de 1993 general de salud y Seguridad Social, principalmente en lo que se refiere al tema de la rehabilitación desde una mirada integral y algunos aspectos relacionados con los derechos económicos, es decir las pensiones para las personas con discapacidad e incluso, algunos asuntos relacionados con subsidiariedad, que hoy en día han evolucionado de manera progresiva, quizá no como hemos soñado, pero si en la línea de lo esperado, como dijera un amigo “gordo”, el deber ser o la utopía.

El milenio se culmina para las personas con discapacidad - PCD, con la sanción de la Ley 582 de 2000, sobre el deporte paralímpico, es decir el deporte de las personas con discapacidad al mismo nivel que el deporte convencional, no solo con unos juegos nacionales, si no con presupuesto propio y un sistema deportivo federado, con las mismas garantías en los apoyos económicos que por sus logros se otorgan a deportistas de alto rendimiento, dotación e implementación deportiva, estímulos educativos y de vivienda para deportistas con discapacidad. Liderando e interviniendo igualmente, en leyes específicas como la Ley 361 de 1997, que desarrolla de manera amplia para la época, mecanismos de integración social para las PCD.

Se resalta lo anterior, por que dichos procesos estuvieron liderados y participaron efectivamente las personas con discapacidad en compañía de sus familias, a partir de los diferentes roles que se cumplen en la sociedad, en el marco de una democracia participativa, ya fuera como directores de instituciones públicas, como servidores públicos, como representantes de organizaciones de personas con discapacidad, o simplemente como ciudadanos en el ejercicio del derecho a la participación, expresado en el artículo 2 de la Constitución Política, el cual establece la participación de todos en las decisiones que les afectan y allí estamos nosotros como ciudadanos sujetos de derechos.

Para la primera década del siglo XXI, se comienza a mirar la importancia de las Políticas Públicas y no por que no existan, si no por que las mismas son producto del trabajo de escritorio de las instituciones o sectores que las administran con una mirada principalmente sectorial, aclarando que en el Distrito a diferencia de la Nación en el que se ha establecido un Sistema Distrital de Discapacidad desde el año 1994, modificado en un segundo momento mediante el Acuerdo 137 de 2004, que amplía la representación de las organizaciones o personas con discapacidad, con un esquema piramidal, sin efectivamente abarcar la visión de una Política Pública de Discapacidad en el marco de los derechos y de otra en el ejercicio directo de la participación de esta población, asunto que solo se da en el año 2012 con la sanción del Acuerdo 505 en el cual se establece en el Artículo 6 sobre las funciones del Consejo Distrital de Discapacidad en el numeral1. “Participar y asesorar el  proceso para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública Distrital de Discapacidad con enfoque de derechos”, sacrificando el nivel decisorio del consejo por el consultivo.

El desarrollo de la organización informal de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores, como consecuencia de grandes brechas en el acceso y goce efectivo de derechos de las PCD, entre otros agrupados en la Mesa y Red Distrital de Discapacidad, como proceso de autogestión, que permite cambios dinámicos en su organización, constantes lecturas de las realidades que les afectan, en la medida que evolucionan los procesos, así como el monitoreo y evaluación tanto de sus acciones, como las del estado y quienes lo representan, permite su consolidación gracias a los niveles de conciencia, formación y desarrollo de los miembros que la conforman, desata en el año 2006 un proceso de movilización social liderado por personas con discapacidad, que exhortaron a sus representantes y a la Institucionalidad en cabeza del Alcalde Mayor, a la formulación de una Política Pública de Discapacidad de manera participativa, para lo cual entre otros fue necesario ampliar la participación de representantes de personas con discapacidad en el Comité Técnico Distrital de Discapacidad CTDD y en reuniones ampliadas del Consejo Distrital de Discapacidad, garantizando su intervención en las decisiones que condujeron a la formulación de la PPDD, desde la fase de preparación hasta el análisis y redacción de la misma, obviamente con todas las dificultades de concertación que implicó trabajar con unos funcionarios acostumbrados a formular políticas desde la mirada gubernamental con un enfoque sectorial principalmente desde la enfermedad, es decir rehabilitador, en donde las personas con discapacidad eran sujetas de atención y no de derechos.

La participación de las PCD, sus familias, cuidadoras y cuidadores, permitió que desde esa época 2006 – 2007, con una lectura universal, lográramos vincular contenidos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por Colombia en el año 2009 mediante la Ley 1346, en donde en el preámbulo de la misma se establece: “m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza”, asunto que se registró en los considerandos del Decreto 470 de 2007 por el cual se adoptó la Política Pública Distrital de Discapacidad y se desarrolló en el Capítulo II “DIMENSIÓN CIUDADANÍA ACTIVA”, registrando los derechos de “LA PARTICIPACIÓN PARA LA INCIDENCIA”, los derechos “A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN”, “EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”, en el cual se establece: “Propender por la creación de espacios de incidencia, control y evaluación de las Políticas Públicas de discapacidad, que garanticen la participación cualificada de las personas con discapacidad, en el diseño, implementación seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de interés de la población”.

Al día de hoy efectuados unos desarrollos en los procesos y garantías en cuanto al derecho a la participación con incidencia, dos evaluaciones de la PPDD, de la U. del Rosario y la U. Nacional, tres planes de acción aislados totalmente de unas metas de resultado asociadas a indicadores de impacto en cuanto al goce efectivo de los derechos de las PCD, pudiendo ser definidos en los años posteriores a la sanción del Decreto 470 de 2007, no porque no quisiéramos algunas personas CON DISCAPACIDAD que hicimos parte del sistema Distrital de Discapacidad SDD, si no por el dominio de delegados técnicos de sectores predominantes en el CTDD y la tibieza de algunos delegados al CDD, a pesar de contar con el compromiso político de los Alcaldes y la mayoría de Secretarios de despacho de las 3 administraciones por las que ha transcurrido la PPDD, sumando al problema el aislamiento de la mayoría de Consejeros (as) Distritales de Discapacidad, en una menguada participación de las personas con discapacidad en los Consejos Locales de Discapacidad la ausencia de articulación con otros consejeros o líderes (as) de discapacidad que hacen parte de diversos sistemas e instancias de participación, a consecuencia precisamente de sus inconformidades por la aprobación de un plan de acción del SDD 2016 – 2020 sin metas de resultado e indicadores de impacto.

Lo anterior ha conducido a que en la reformulación de la PPDD, hoy en día se nos haya invitado a participar en la misma sin una estrategia de participación claramente definida, pues se nos ha llamado a participar en la fase de agenda pública, ya con unas metodologías definidas para complementar el diagnóstico y abordar la fase de formulación, metodología que aplica desde los estudios cualitativos y no cuantitativos, que permitan desde los análisis estadísticos, comparativos, tendencias, entre otros, poder establecer unas líneas de base, que más allá de la percepción de no más de 1.000 personas en representación de más de 550.000 personas con discapacidad del Distrito y por qué no de un número igual de cuidadores, decidan los destinos para los próximos años que garanticen el goce efectivo de los derechos de las PCD, sus Familias, cuidadoras y cuidadores.

El liderazgo de la reformulación de la PPDD, otorgado a la Secretaría de Educación, quien cumple funciones de Secretaría Técnica y a la Secretaría de Desarrollo Económico por el rol que juega en el CDD y no por las competencias del Sector como lo debiera ser el de Gobierno, que además de tener competencias en cuanto a los derechos de las poblaciones vulnerables de la Ciudad, como sector lidera la garantía en cuanto al derecho a la participación de los Bogotanos, asunto no distante de seguir en cuanto a la discapacidad, si se observa el nivel nacional, que a pesar de sus dificultades por lo menos se ha tratado de ajustar al enfoque de derechos desde el Min. Gobierno y la coordinación del Sistema nacional de Discapacidad SND, que depende del Presidente, puede ser el origen de los vacíos que encontramos en el proceso de participación de las PCD en Bogotá.

Si a lo anterior le sumamos la ausencia de una estrategia de comunicación e información accesible, así como de movilidad y acesibiidad en general, para procesos que van más allá de los productos que debe entregar la U Nacional como resultado del Convenio interadministrativo firmado con la Secretaría de Educación, precisamente porque muchas de las acciones siquiera se han definido, debido a la ausencia involuntaria de las PCD al no estar presentes en las fases previas de seguimiento y evaluación de la PPDD, porque el siclo de evaluación y diagnóstico de los contratos previos se hizo desde la mirada institucional y no con la perspectiva de la participación, incrementando el grado de discriminación al que estamos siendo sometidos, SIN HABLAR DE LA FASE DE PREPARACIÓN, LO CUAL NOS exige establecer una estrategia concertada desde la sociedad civil PARA EL LOGRO efectivo DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REFORMULACIÓN.

Ahora bien se pretende emitir un CONPES Distrital de Discapacidad, olvidando que en el Acuerdo 505, en su artículo uno SE DEFINE “… la puesta en marcha de los principios de la política pública de discapacidad para el Distrito Capital consagrados en el Decreto 470 de 2007,”, el cual en términos de lo allí registrado fenece en el año 2020, entonces si no se modifica, induce a pensar que se debe modificar el Acuerdo 505 y ya no sería dicha norma sino aquella que la adicione, modifique o sustituya, porque si seguimos complaciendo nuestros errores con la justificación de la necesidad y la urgencia de cumplir por la desidia de prever, seguimos acumulando errores induciendo a la administración en cuanto a la acumulación de fallas normativas, a partir de conceptos técnicos sesgados, que revierten negativamente en el goce de derechos de las PCD.

En la línea de lo anterior, igualmente se encuentra que la Guía de formulación e implementación de políticas públicas del Distrito, adolece de aspectos fundamentales y que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, como el de la “CONSULTA”, establecido en la Ley 1346 de 2009, en su artículo 4, sobre las Obligaciones Generales de los estados en el numeral 3 se define: “…y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad,”, consideraciones tenidas en cuenta para las Etnias y no para la Discapacidad, reiterando formas de discriminación, por falta de claridad en los expertos encargados del tema y las falencias de la Guía., la cual consideramos debe ser modificada.

En conclusión y teniendo en cuenta que en la fase de agenda pública se define la importancia de desarrollar por completo la estrategia de participación, como se predefinió con la participación vinculante de la sociedad civil, la cual identificados serios vacíos en la estrategia de participación, de manera positiva como lo ha manifestado está en la capacidad de aportar desde su conocimiento y experiencia para que con su intervención se ajuste el proceso de tal manera que no solo obedezca a los intereses de los expertos formuladores, un contrato definido solo con su mirada, unos tiempos distanciados de una realidad social y lo más importante, de la posibilidad de profundizar en un plan de acción basado no solo en la definición cualitativa siendo un proceso de reformulación, que debe contar con suficiente base estadística de los diferentes sectores, así no esté analizada, pues esto puede y debe hacer parte del proceso, para que se cumpla el precepto que la participación ciudadana cumplidos sus propósitos, “Harán la diferencia en la apropiación, trabajo colaborativo y respaldo ciudadano frente a la política pública, factores indispensables para que las políticas públicas trasciendan los periodos de gobierno de las administraciones distritales”.

HJCASTAÑEDA

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Pautas

PROCLAMA STEREO