Periódico Proclama

icono-facebook  icono-twetter

LA LUCHA POR LA VERDAD Por: Fernando Dorado - Activista Social

LA LUCHA POR LA VERDAD

Por: Fernando Dorado -   Activista Social

Intentaremos en este escrito prever la evolución de este proceso jurídico-político y ayudar a definir la posición para derrotar a las fuerzas reaccionarias que –a pesar de su triunfo electoral– están a la defensiva, pero expectantes y dispuestas a frenar a como dé lugar el avance y la consolidación de fuerzas democráticas.

Álvaro Uribe Vélez afronta un proceso judicial por manipulación y soborno de testigos que está en manos de la Corte Suprema de Justicia CSJ. Consecuencia del fallo en su contra a la denuncia que instauró en esa misma Corte contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro. A Uribe le salió el tiro por la culata.

La citación a indagatoria al expresidente por parte de la CSJ es un hecho de gran trascendencia en Colombia. Esa circunstancia se presenta porque ese jaleo jurídico está íntimamente ligado a los múltiples casos en que Uribe, su hermano Santiago y muchos de sus amigos y colaboradores, aparecen relacionados con la conformación y las acciones criminales de grupos paramilitares.

Después de las elecciones es el acontecimiento que marca la vida política del país. A partir de allí pululan en los medios de comunicación y entre la gente del común las conjeturas sobre el futuro de Uribe, del nuevo gobierno y del país.

Dependiendo de cómo se califique ese hecho surgen diversas posiciones que se pueden agrupar así:

a) Para los sectores leales al expresidente es un tropiezo jurídico superable. Dice Everth Bustamante, ex militante del M19 y exsenador del CD: “Al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar”. Ellos llaman a cerrar filas para defender a ojo cerrado al “presidente eterno”.

b) Para otros, es el inicio del fin del proyecto político de Uribe, lo que podría derrumbar al gobierno de Duque al ser su principal soporte. Ellos están tentados a empujar esa caída.

c) Para unos más, la institución de la justicia puede asumir la responsabilidad del juzgamiento de Uribe e independientemente del resultado (a favor o en contra), salir avante para garantizar el fortalecimiento del Estado social de Derecho. Ellos llaman a la calma y a la serenidad.

Personajes como Uribe y su relación con la casta dominante

Observando la reciente rueda de prensa ofrecida por Uribe en su finca de Rionegro, y comparándola con una rueda de prensa ofrecida por Pablo Escobar cuando siendo parlamentario empezó a ser acusado abiertamente de ser un narcotraficante (1983). Hacer esa comparación nos puede ofrecer buenas pistas.

Escobar fue un delincuente metido a político; Uribe es un político avenido en delincuente. El primero, utilizó a políticos y empresarios para fortalecer su empresa criminal; el segundo, usó a delincuentes para construir su fuerza política. Escobar fue liquidado por la casta dominante cuando se les convirtió en un problema; Uribe logró ascender y aunque “viene de abajo” y a veces no coincide enteramente con los intereses hegemónicos de la oligarquía financiera, no puede ser liquidado tan fácilmente porque conoce secretos que comprometen a mucha gente en crímenes de lesa humanidad, no solo cometidos por paramilitares sino por políticos, empresarios y el mismo Estado. Escobar fue convertido en leyenda negativa; Uribe hasta ahora es una falsa leyenda positiva.

¿Hasta dónde podrá tensar la cuerda Uribe? Y, ¿hasta dónde aguantarán “los de arriba”? Noriega en Panamá y Fujimori en Perú son buenos referentes para analizar y prever lo que puede ocurrir. En ese sentido es importante entender que no hay que hacerse ilusiones con la llamada “separación de poderes” y menos con la independencia de la CSJ. Los grandes poderes ocultos –como ocurre en todo el mundo– son los que determinan “lo importante”.

Uribe y la “paz imperfecta”

Los que mandan en Colombia, la oligarquía transnacional, los Slim, Sarmiento Angulo, Gilinski, Ardilas Lülles, Santodomingos y demás poderosos empresarios y aliados estadounidenses y europeos, tienen trazada su hoja de ruta alrededor de consolidar la “paz imperfecta” de Santos y no se van a echar para atrás por ningún motivo.

En medio del forcejeo que hace Uribe por “modificar” los acuerdos firmados (incumplidos en gran parte por el Estado) aparece este lío judicial que se puede convertir en el inicio del fin para su proyecto político y en un motivo para que la clase dominante lo abandone a su suerte. De acuerdo a todas las señales que ha enviado en los últimos días, su situación es desesperada.

Que se apoye en testimonios de forajidos, en una ex fiscal que está en la cárcel, en un abogado de los grandes mafiosos, y que recurra a nuevas mentiras para desprestigiar a la CSJ, recusar a los magistrados que lo investigan y atacar al expresidente Santos, al exvicepresidente Naranjo, al presidente de la CSJ, al senador Cepeda y a las Farc de estar concertados y complotados para perseguirlo, deja ver que se siente acorralado.

Lo que es evidente es que el daño político está hecho y se puede agrandar. Uribe, quien con sus asesores políticos y jurídicos conocen bien la normatividad colombiana, con recusaciones e impugnaciones, alargamiento de tiempos y de plazos, y toda clase de trampas jurídicas en la que son expertos sus abogados Lombana y Granados, va a ganar tiempo y tratarán de utilizar a Duque para presionar y negociar con los verdaderos poderes.

Este caso no va a poner a prueba a las instituciones colombianas como creen muchos demócratas y hasta gentes de izquierda. Lo que sí podrán observarse serán las fisuras del Poder y dependiendo de la capacidad de las fuerzas del cambio, nuestro pueblo podrá hacer un curso intensivo de análisis político para entender quienes realmente ponen y quitan en nuestro país.

Es muy posible que este apretón de la CSJ esté en la dirección de poner en su sitio a Uribe y obligar a Duque a continuar por el camino de la paz neoliberal con tintes democráticos y limitadas garantías para los guerrilleros desmovilizados, aunque con algunos ajustes para tranquilizar a los terratenientes y empresarios que colaboraron con el paramilitarismo. Le están “midiendo el aceite” y Uribe también los mide jugando a la víctima para obtener apoyo popular y poder negociar en mejores condiciones.

El proyecto de la “nueva derecha”

La casta dominante tiene claro que, si Álvaro Uribe Vélez se convierte en causa de una mayor desestabilización de su Estado, se pueden crear las condiciones para que las fuerzas democráticas consoliden un proyecto transformador que ponga en peligro su hegemonía.

Por ahora esos potentados capitalistas transnacionales apoyaron “al candidato que dijo Uribe” para atravesársele a Gustavo Petro, en quien no confían y no controlan.

Es decir, para no poner en peligro la “estabilidad” de su régimen en medio de la precariedad de un Estado fallido, la oligarquía financiera que domina Colombia (transnacional) no va a dudar un instante en sacrificar a Uribe, que fue lo que hizo parcial pero torpemente Santos. Él, como ya lo hemos afirmado, por su naturaleza cortesana y por su torpeza política, con su demagogia y triunfalismo (compartido con las Farc y una buena parte de la izquierda) ayudó a que Uribe se fortaleciera en lo político, usando el odio a las Farc y el miedo al modelo bolivariano de Chávez-Maduro que hoy hace crisis en Venezuela. Es decir, Uribe es sacrificable para el gran poder y si en medio de su odio o su temor no negocia, lo van a sacrificar como pasó con Fujimori.

Pero lo más seguro es que negociarán por arriba. Las clases dominantes tienen listo su nuevo proyecto político como respuesta al “neopopulismo nacionalista” de Trump. Lo están diseñando sobre la marcha en todo el mundo y pretende no ser “ni de derecha ni de izquierda”. Ese nuevo proyecto lo podríamos definir como una especie de “post-neoliberalismo de derecha”.

Duque ya representa a esa nueva derecha. Su gabinete es eminentemente técnico-corporativo pero la “mermelada” funciona entre telones; apoya la consulta anti-corrupción aunque no va a mover un dedo; dice que no firmará nuevos TLC porque va a proteger a los productores nacionales pero tiene en su agenda las nuevas inversiones globales del posconflicto; se presenta como abanderado de la educación, la ciencia y la tecnología pero como parte de la colaboración “armónica” entre lo público y lo privado; y aunque seguirá apoyando los proyectos extractivistas minero-energéticos ya se presenta como el gran campeón de la defensa del medio ambiente. La nueva derecha es así: dice una cosa y hace otra, como Santos, pero ahora con más perfeccionamiento digital-mediático. La “posverdad” en pasta.

Esa nueva derecha está diseñada para disputarle las clases medias a la izquierda. Es su objetivo. ¿Qué hacer? Lo sucedido en Perú con Fujimori envía un mensaje claro. Los demócratas no pueden fiarse de la oligarquía que posa de reformista y demócrata. Se debe respaldar a los magistrados más independientes de la CSJ pero con reservas y siempre alertando sobre los verdaderos hilos del poder y los intereses ocultos. Ningún cheque en blanco como el que muchos le firmaron al expresidente (Santos).

La tarea central es lograr que la sociedad conozca la Verdad; no la justiciera y vengativa sino la que libera con base en el reconocimiento y el perdón compartido entre los bandos enfrentados.

La “paz imperfecta” de Santos, aunque logró la desmovilización y desarme de las Farc, y nos ha ahorrado miles de muertos, tiene un tufillo legalista que se convierte en obstáculo para que todos los sectores degradados de la sociedad –no tanto por la guerra sino por el narcotráfico– reconozcan su descomposición y sus crímenes como un ejercicio liberador y sanador para construir las bases efectivas y duraderas de una verdadera reconciliación.

Hay que fortalecer la independencia política y actuar pensando en grande y en el mediano plazo. Sin una fuerza democrática y popular fuertemente unificada y cohesionada, la caída de los criminales al servicio de la oligarquía fácilmente sirve para engañar y reencauchar a falsos salvadores supremos y a unas instituciones absolutamente descompuestas.   Ninguna ilusión justiciera, lo único que libera es la Verdad.

DUQUE Y SU POLÍTICA DE DISCAPACIDAD Por: Carlos Parra Dussan

DUQUE Y SU POLÍTICA DE DISCAPACIDAD

Por: Carlos Parra Dussan

Saludamos el propósito del presidente  Iván Duque, de elaborar una nueva política pública de discapacidad, denominada “Un futuro con inclusión para los colombianos con discapacidad”.

El mencionado documento señala, que “para la dignificación de todos los colombianos con discapacidad, se definirá una política integral para una Colombia de equidad social, política y económica dirigida a que no existan para ellos limitaciones en el desplazamiento, el acceso a la educación, el desarrollo profesional o el disfrute pleno de los derechos que les otorgan la Constitución y las leyes”.

Es importante aprobar una política de discapacidad, ya que desde la Constitución de 1991 se protegió especialmente a las personas con discapacidad en el derecho a la igualdad artículo 13, en el derecho a tener una política pública artículo 47; en el derecho a la inclusión laboral artículo 54 y en el derecho a la educación inclusiva artículo 68. Posteriormente, participamos en mesas de trabajo para la elaboración de la Ley 361 de 1997, que estableció mecanismos de integración social de las personas con discapacidad.

Luego el Estado aprobó la Ley 762 de 2002, que ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Recuerdo que con una asesoría que hicimos desde la Universidad del Rosario en el año 2007, se aprobó la Ley 1145, que creó el Sistema Nacional de Discapacidad.

Posteriormente, el Estado colombiano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas Ley 1346 de 2009, Comité de Seguimiento al que tengo el orgullo de pertenecer.

Después encontramos la Ley 1450 de 2011, que en su artículo 176 ordenó diseñar la política pública de discapacidad, por lo que se aprobó el documento Conpes 166 de 2013 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que rediseñó la política del Conpes 80 de 2003, hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos.

La mayor transformación, fue el trabajo que hicimos desde la Universidad Sergio Arboleda con la Ley estatutaria de discapacidad 1618 de 2013, que tiene como objetivo, el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con alguna discapacidad.

Uno de sus decretos reglamentarios, es el 1421 de 2017 que establece la ruta el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media.

También se expidió el Decreto 2011 de 2017, que garantiza la cuota de empleos públicos para personas con discapacidad y se establece un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública.

Por último, el Ministerio de Salud y de la Protección Social, elaboró la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.

Como se observa, el país ha avanzado en discapacidad siendo ahora más incluyente, sin embargo falta mucho camino por recorrer, tanto en lo social, en lo legal y en el empoderamiento de los derechos de la misma población con discapacidad.

Le reiteramos al Presidente electo Duque, que continuamos trabajando por una Colombia más incluyente, por vincular más a las personas con discapacidad en la transformación del país, buscando un desarrollo inclusivo.

En conclusión, la política del presidente, Iván Duque debe sumarse a los avances que el Estado colombiano ha tenido en el sector de discapacidad, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos, logrando en un futuro una Colombia más incluyente.

BREVE RECUENTO DE LA REALIDAD PARTICIPATIVA EN NUESTRA COMUNIDAD Por: Nelson Julián Villamizar

Editorial 104

BREVE RECUENTO DE LA REALIDAD PARTICIPATIVA EN NUESTRA COMUNIDAD

Por: Nelson Julián Villamizar

Buscando aportar insumos para la historicidad de los procesos participativos, en ejercicio continuado de la sociedad civil para el logro de las alternativas de solución a la problemática, que representa el cumulo de necesidades básicas insatisfechas, en un marco de apropiación de las posibilidades existentes y empoderamiento para la construcción de nuevas oportunidades siempre en el contexto Constitucional, referentes jurídicos y convenios generadores de compromisos estatales. En una dinámica para el goce efectivo de los derechos y la inclusión de, desde, hacia, por, y, para la población de personas con discapacidad en territorialización del Distrito Capital.

El liderazgo de las personas con discapacidad se manifiesta desde los albores de los primeros espacios participativos formalizados por el acuerdo 16 de 1994 y el decreto 801 de 1995 en el entonces mal llamado consejo Distrital para “el discapacitado”, es así como desde 1998 este servidor en mi condición de representante de las personas ciegas, acompañado por representativos líderes y lideresas de nuestra comunidad nos dimos a la tarea de organizar las bases sociales en las 20 localidades concertando con los ediles y alcaldes locales la conformación de los Consejos Locales de Discapacidad gestionando simultáneamente en el Concejo Distrital de Bogotá; para que se derogase tanto el Acuerdo como el Decreto que negaban nuestro derecho al voto.

Como colofón de un ignominioso abordaje por demás peyorante y descalificador desde su lamentable denominación para el discapacitado que por nuestra incidencia se transformó el 9 de septiembre de 1999; en el Acuerdo 22 del Consejo Distrital para las personas que presentan limitantes de carácter físico, psíquico y sensorial que incluía nuestra conquista del derecho al voto, se limitaba el protagonismo del enfoque médico, igualmente se integraba al entonces Departamento Administrativo de Acción Comunal, a la Secretaria Distrital de Gobierno y a la Secretaria Distrital de Planeación para que desde esa fecha asumieran su misionalidad con la ya reconocida población de personas con discapacidad en Bogotá Distrito Capital.

En este recuento debo enfatizar en los desarrollos sociales suscitados en la ciudad de Bogotá con anterioridad a los sucedidos en la Nación. Me refiero concretamente a que en el año 2004 mediante el Acuerdo 137 se crea el primer Sistema Distrital de Atención Integral para las personas con discapacidad y el 12 de octubre de 2007 con el Decreto 470 se crea la Política Publica Distrital de Discapacidad.

El diseño del plan de acción de la PPDD, la reformulación de esta misma política pública y la consolidación del plan operativo de Sistema Distrital y los planes operativos de los consejos locales forman parte del que hacer de las instituciones por parte de los servidores públicos y, la sociedad civil en cabeza de sus representantes sin embargo y arriesgo en incurrir en apreciaciones subjetivas sesgadas por mis experiencias, principios y creencias personales debo referirme a la realidad actual de los procesos de participación de las personas con discapacidad en su ejercicio de liderazgo y representatividad en el sistema distrital de discapacidad.

El modelo de sociedad propuesto o defendido por cada uno de los gobiernos distritales determinan los desarrollos participativos, así lo evidencia el cumulo de las directivas, decretos y acuerdos distritales relacionados con las personas con discapacidad que efectivamente han proliferado desde el año 2004 hasta el año 2015. Esto se comprueba revisando el marco normativo que en esta edición compartimos con ustedes, la legislación recoge las dinámicas de la sociedad civil interpretadas por los legisladores en este caso los concejales y el poder ejecutivo de los alcaldes mayores.

Así las cosas 29 actos legislativos y/o administrativos de los cuales 2 corresponden a la primera administración del Doctor Antanas Mockus y 1 en cada una de las administraciones de Enrique Peñalosa aclarando que tanto la relación como la gestión para su aprobación fueron realizados enteramente por la sociedad civil y los 25 restantes fueron proferidos en las alcaldías de corte social o de izquierda democrática de “la Bogotá sin indiferencia”, “la Bogotá positiva” y “la Bogotá Humana”.

Es decir durante la primera y la actual administración del doctor Enrique Peñalosa     es notoria la ausencia de marco legal, con deprimento de los procesos participativos resaltados por hechos de connotación publica como la reducción de un cincuenta% del subsidio de transporte, la masacre laboral del inmenso número de personas con discapacidad que fueron contratados en los tres gobiernos anteriores, la expulsión para una gran cantidad de beneficiarios del bono canjeable por alimentos, y la reducción de cupos para las los niños con discapacidad entre otros aspectos de fuerte contenido social, desde los bolardos hasta la actual apatía social demarcan toda una relación “ lacrimógena” con el Doctor Peñalosa.

Otro aspecto a tener en cuenta es el tortuoso o inhóspito ambiente organizacional o clima participativo al interior del Sistema Distrital de Discapacidad donde se ha constituido una especie de sociedad secreta o imposición oscurantista donde se esconden los documentos y toda información que supuestamente es publica, se restringe la participación de la comunidad a diferencia de los gobiernos anteriores donde se motivaba la participación en las sesiones al menos de los consejos locales de discapacidad.

Hoy esta sesión es una puerta cerrada y obstaculizada por una serie de protocolos que desalientan el semillero de nuevos liderazgos y obstruyen el entusiasmo del juego democrático y la participación ciudadana, sumándose a esto las dificultades propias de los representantes que no cuentan con recursos económicos ni gozan de estímulo alguno distinto al de su cuota de sacrificio personal, por eso estas entre otras razones hoy dejan al descubierto un desolador panorama por lo menos para las personas con discapacidad y es que por primera vez en la historia del sistema Distrital de Discapacidad el 50 % de los representantes han desertado o sencillamente ni se presentaron a las pasadas elecciones.

Pautas

PROCLAMA STEREO